Lo aseguró la senadora Haidé Giri en Radio 10. Ayer se aprobó la ley de trastornos alimentarios, que obliga a las obras sociales y a las empresas de medicina prepaga a costear los tratamientos de obesidad, bulimia y anorexia
La legisladora, perteneciente al PJ cordobés y titular de la Comisión de Salud, aseguró en Radio 10 que nuestro país ostenta el triste récord de ser el segundo, detrás de Japón, en padecer casos de jóvenes con bulimia y anorexia. "1 de cada 10 adolescentes nuestras sufre de anorexia o bulimia", confirmó.
Por eso, consideró que la Ley de Obesidad sancionada ayer por la Cámara de Senadores intentará hacer "un abordaje que resuelva lo mejor que se pueda esta problemática".
Según explicó, esta nueva normativa es un "dictamen único" que tiene en cuenta todos los trastornos alimentarios, y en el que confluye el accionar del Ministerio de Salud, el de Educación y el de Desarrollo Social, y el del Consejo Federal de Salud (COFESA).
"La idea fue generar una herramienta positiva, que haga hincapié en la educación, la prevención, el seguimiento y el control" de los casos, señaló Giri.
Sancionaron la llamada "Ley de Obesidad"
La Cámara de Senadores de la Nación convirtió en ley el proyecto que considera como enfermedades a los trastornos alimentarios..
También se mantuvo el artículo 9 que obliga a los kioscos de los establecimientos educativos a ofrecer productos que "integren una alimentación saludable y variada".
Asimismo, se insistió en la redacción del artículo 16 para que las empresas de medicina prepaga y las obras sociales costeen los tratamientos para la obesidad, la bulimia y la anorexia, eliminando el agregado de Diputados que establecía que los mayores costos por atención especial debían pagarlos el Estado.
El proyecto también propone que el Ministerio de Salud tome medidas a fin de que los anuncios publicitarios y los diseñadores de moda no usen la extrema delgadez como símbolo de salud o belleza.
En ese sentido, la senadora Giri llamó a "pelear contra esa oferta cultural que le está haciendo daño a nuestra juventud", al tiempo que pidió "hacer leyes que sean abarcadoras" y reclamó que la norma sancionada "debe comprometer a todos los legisladores para que no sea letra muerta".
